TEXTO DE PRUEBA
- El acceso a la información pública es reconocido en Chile como un derecho fundamental, que permite disminuir los riesgos de corrupción, aumentar la transparencia en el ejercicio de la función pública, y servir como medio eficaz de participación y el control ciudadano.
- La ley N° 20.285 sobre Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado ha posicionado a Chile entre los países con una de las regulaciones más avanzadas en la materia:
» Encuesta sobre corrupción 2011, del Instituto Libertad y Desarrollo. La percepción de la corrupción llega al nivel más bajo desde 2002, cuando se aplicó la medición por primera vez. Se destaca la implementación de la Ley 20.285 y el crecimiento de la infraestructura digital con información de transparencia activa.
» Informe de transparencia internacional 2010: Chile sube del lugar 25 al 21 en el ranking de 178 países. Con esto, el país se recupera después de 4 años de descenso y queda sólo a 0,3 puntos de su mejor calificación en este ranking, que en 2002 alcanzó los 7,5 puntos.
» Encuesta sobre calidad de las instituciones 2011, de la Fundación Libertad y Progreso (Argentina): Chile ocupa el lugar número 21 entre 194 países, y el primero en América Latina en el ranking de la Calidad de la Institucionalidad. Se mide la continuidad de políticas públicas. - » Índice del Estado de Derecho 2011, del World Justice Project (EE.UU): El estudio evalúa el respeto al Estado de Derecho en 66 países. Chile figura en el primer lugar latinoamericano. Se destaca “gobierno responsable” y “tribunales transparentes y eficientes”.
- » Informe de transparencia internacional 2011: Chile ocupa el mejor puesto de América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI). Chile ocupa el lugar 22 de un total de 183 países, considerado dentro del grupo de países menos corruptos del mundo
- Esta Ley ha permitido a los órganos obligados a su cumplimiento estar constantemente en el escrutinio público, y por lo tanto desincentivar prácticas corruptas, permitir un correcto control social, mejorar las prácticas en la gestión pública, y la eliminación gradual la cultura del secretismo por la vía de aumentar los niveles de transparencia de la gestión pública y facilitar el acceso a la información.
